Publicado: 18 de Noviembre de 2014

El Tribunal Supremo en su reciente Sentencia de  fecha 24 de octurbre de 2014 (recurso número 2119/2013, ponente señor Seijas Quintana) ha aclarado que la regla aplicable para decratar la atribución del uso del domicilio familiar en los casos en los que opera la custodia compartida, no es otra que la determinada por el artículo 96 del Código Civil, el cual establece que n defecto de acuerdo de los cónyuges, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden ahora bien cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente según su criterio.

Esto supone ponderar en cada caso varios elementos que determinarán la atribución de su uso:
 

  • El interés más necesitado de protección, que no es sino aquél que permite la estancia de los menores con sus dos padres.
  • El caracter del domicilio familiar (privativo, ganancial o de tercero)

Y es que respecto a este segundo elemento, el Tribunal entiende en su sentencia que debe imponerse una limitación del derecho de uso de dos años contados desde su sentencia, armonizando los dos intereses contrapuestos: el del titular de la vivienda que quedaría indefinidamente frustrado al no permitírsele disponer de ella (el padre), incluso en los periodos en los que el hijo permanece con él (si la tribución fuera sin límite temporal), y el del hijo a comunicarse con su madre en otra vivienda.



Se trata, dice el Tribunal, de un tiempo suficiente que va a permitir a la esposa rehacer su situación económica puesto que si bien carece de ingresos, cuenta con apoyos familiares y puede revertir, por su edad (nacida en 1977), y cualificación (química), la situación económica mediante al acceso a un trabajo que incremente sus ingresos y le permita acceder a una vivienda digna para atender a las necesidades del hijo durante los periodos de guarda efectiva.



Así las cosas, se preveé la atribución temporal del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores hasta el cambio de custodía dando mayor protección al derecho de los menores de permanecer en el domicilio familiar que al de los progenitores que pudieran quedar en situación de desequilibrio y que se les venía atribuyendo el uso del domicilio familiar de manera indefinida, a pesar de no ser propietarios del inmueble familiar.